Nacional

Catástrofe segura: El costo de no reconocer el cambio climático

Por Amy Goodman y Denis Moynihan

El 6 de septiembre de 2017, mientras Houston se recuperaba del huracán Harvey y millones de personas en Florida y el Caribe se preparaban para el huracán Irma, la tormenta más poderosa registrada en la historia en las costas del Océano Atlántico, el presidente Donald Trump viajó a Mandan, Dakota del Norte, y dio un discurso frente a una refinería de petróleo en el que elogió el papel de su gobierno en la reducción de protecciones ambientales y en la defensa de la industria de los combustibles fósiles. Alabó la construcción de los oleoductos Dakota Access y Keystone XL, y se jactó de haberse retirado del acuerdo climático de París.

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Así, mientras los desastres causados ​​por el cambio climático azotaban Estados Unidos, Trump –el hombre que dijo que el cambio climático era un invento chino– estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance para asegurar futuras catástrofes.

Casualmente, Trump visitó Dakota del Norte cerca del primer aniversario del “Día de los perros”, que conmemora un feroz ataque canino desatado por los guardias del oleoducto Dakota Access contra los pacíficos indígenas protectores del agua que se estaban manifestando contra su construcción. Los guardias reprimieron a los manifestantes con gas y con golpes, y los perros mordieron a los protectores del agua y a sus caballos. A uno de los perros le chorreaba sangre del hocico. Democracy Now! estuvo ahí, grabando todo lo sucedido.

El oleoducto Dakota Access ha sido un símbolo especialmente poderoso para el movimiento de resistencia contra el cambio climático, que cuestiona la lógica de la extracción de combustibles fósiles y exige un cambio hacia una economía sustentable basada en energías renovables.

Los indígenas llaman al Dakota Access “la serpiente negra”. El oleoducto, que costó 3.800 millones de dólares y tiene 1886 kilómetros de largo, fue diseñado para transportar un máximo de 500.000 barriles diarios de petróleo crudo obtenido mediante fracturación hidráulica desde los yacimientos petroleros de Bakken, en Dakota del Norte, pasando por Dakota del Sur y Iowa hasta el sur de Illinois, donde se conectaría con otro oleoducto para trasladar el petróleo a la costa estadounidense del golfo de México.

A partir de abril de 2016, miles de indígenas de América Latina, Estados Unidos y Canadá se congregaron en Dakota del Norte en la mayor acción colectiva de tribus nativas en décadas. La convocatoria fue liderada por la tribu sioux de Standing Rock, que insistió en que el paso del oleoducto por debajo del río Missouri, justo río arriba de su reserva, podría contaminar de forma irreversible no solo su suministro de agua potable sino el de 17 millones de personas río abajo.

Los campamentos de resistencia siguieron creciendo. En respuesta, la empresa Energy Transfer Partners, propietaria del oleoducto, junto con el sheriff del condado de Morton, intensificaron y militarizaron la represión. Los meses de resistencia en Standing Rock se convirtieron en un punto cumbre en los anales de la resistencia no violenta, con numerosos actos de desobediencia civil creativos y valientes, realizados bajo el liderazgo espiritual de las comunidades Lakota y Dakota.
En respuesta a las protestas masivas y a la violenta represión policial, el gobierno de Obama ordenó detener la construcción de algunos oleoductos. La victoria parecía estar al alcance de la mano… y entonces Donald Trump ganó las elecciones presidenciales.

El 24 de enero de 2017, cuatro días después de asumir la presidencia, Donald Trump firmó órdenes ejecutivas para acelerar la construcción y la puesta en funcionamiento del oleoducto Dakota Acces, así como el polémico oleoducto Keystone XL, cuya construcción el presidente Barack Obama había bloqueado tras haber sido objetivo durante años de grandes protestas y acciones de desobediencia civil. Para el 1 de junio, Energy Transfer Partners afirmó en un comunicado de prensa que el oleoducto estaba “operativo”, lo que presumiblemente implica que habría comenzado a transportar petróleo.

Poco tiempo antes, el portal de noticias The Intercept publicó un informe basado en 1.100 páginas de documentos obtenidos, que detalla cómo un grupo de mercenarios militares y de inteligencia llamado TigerSwan había estado asesorando a Energy Transfer Partners y a la policía de Dakota del Norte durante meses. The Intercept informó: “TigerSwan habla de los manifestantes como ‘terroristas’, de sus acciones directas como ‘ataques’ y de los campamentos como ‘campo de batalla’, revela cómo la disidencia de los manifestantes no solo fue criminalizada, sino tratada como una amenaza a la seguridad nacional”.

El mes pasado, Energy Transfer Partners presentó una demanda contra los grupos ecologistas Greenpeace International, Earth First! y otros, acusándolos de incitar el “ecoterrorismo” contra la construcción del oleoducto. Annie Leonard, directora ejecutiva de Greenpeace, respondió a la acusación en una entrevista con Democracy Now!: “El término ‘ecoterrorismo’ en realidad fue usado para difamar un tipo de activismo protegido por la Constitución en el marco del derecho a la libertad de expresión y fundamentado en hallazgos científicos. Están intentando criminalizar una protesta sana y justa”.

El costo: el planeta.

Ante la devastación que los huracanes catastróficos van provocando en extensas regiones de Estados Unidos y el Caribe, es claro cuál es la verdadera amenaza para la seguridad nacional: el cambio climático y la industria de combustibles fósiles que lo está intensificando.

Bill McKibben, fundador de la organización 350.org, dijo en una entrevista en Democracy Now! justo en medio del azote del Huracán Harvey: “Básicamente, estamos llegando al final del juego. Tenemos que pasar a las energías renovables en un 100%, y tenemos que hacerlo rápido. Por el momento, por supuesto, Trump es favorable a la industria de los combustibles fósiles. Estas empresas están concretando todos sus deseos en este país. Pero como muchas cosas que Trump toca, creo que esta es su última bocanada de aire. La gente está comenzando a asociar la locura de ir a toda velocidad hacia este futuro de efecto invernadero con el presidente más insensato y desequilibrado que hemos tenido en nuestra historia”.

 

Huracán Harvey 

Un Error Histórico

Por Javier Sierra – @javier_SC

Imagínese a punto de cruzar un puente. De 100 ingenieros, 99 le dicen que si lo hace, el puente se va a derrumbar. Y uno, quien trabaja para el dueño del puente, le dice que no hay ningún problema. ¿Qué haría?

Donald Trump, el único líder mundial que niega la ciencia climática, decidió cruzar el puente y llevarnos a todos con él. Confrontado con la decisión más fácil de su caótica presidencia, Trump optó finalmente retirar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, contra los designios de la inmensa mayoría de los norteamericanos, la comunidad internacional y el sentido común.

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Trump nos quiere empujar de vuelta al sistema energético del siglo 19. Foto cortesía de Javier Sierra.a caption

De un plumazo, este anciano de 70 años tomó una decisión que pone en grave peligro el futuro de nuestros hijos y nietos. El Acuerdo de París, respaldado por casi 200 naciones, es la única herramienta de la que dispone la humanidad para evitar las peores consecuencias de la crisis climática. 

La comunidad empresarial del país apoya abrumadoramente permanecer en el acuerdo —desde Microsolft, a Apple, a Walmart, incluso Exxon, BP y Shell— además del 70% del público norteamericano. El mismísimo Pentágono considera la crisis climática no solo real sino también un peligro para la seguridad nacional.
La decisión también pone en serio peligro el liderazgo económico mundial de Washington. China, el mayor contribuyente de gases de cambio climático, está embarcada en un programa de $360.000 millones para fomentar la energía limpia que creará más de 13 millones de empleos para 2020.

Mientras tanto, Trump quiere obligarnos a permanecer anclados a un sistema energético sucio propio del siglo 19.
El daño diplomático que esta descabellada decisión causará también es incalculable. Cuando la administración Bush-Cheney nos retiró del Tratado de Kyoto, el entonces secretario de estado, Colin Powell, calificó la intensa reacción negativa que generó en todo el mundo como “una traumática experiencia”. Después que Trump se negara a ratificar el acuerdo durante la desastrosa reunión del G7 en Italia, la canciller alemana Angela Merkel advirtió que Europa ya no podía fiarse de Estados Unidos y que “tenemos que tomar nuestro destino en nuestras propias manos”.

El costo de retirarse del Acuerdo de París indudablemente sería mucho más profundo ya que la comunidad mundial reconoce que no hay tiempo que perder para evitar las peores consecuencias de la crisis climática. Y para nosotros los hispanos y América Latina, el debilitamiento de este acuerdo tendría consecuencias especialmente desastrosas. La ONU concluyó hace ya años que nuestra comunidad es especialmente vulnerable al cambio climático, aquí en Estados Unidos, y en general en los países en vías de desarrollo. Solamente en Latinoamérica, el costo anual del clima extremo causado por esta lacra planetaria se estima en un 4% del PIB de la región.

Trump, sin embargo, nada contra el abrumador empuje hacia una economía de energía limpia en todo el mundo. Por segundo año consecutivo, en el mundo se instaló más energía limpia que sucia. Según el Departamento de Energía, la industria solar emplea aquí a más trabajadores en la generación de electricidad que la petrolera, carbonera y gasera juntas. Y el año pasado el 60% del crecimiento energético en Estados Unidos vino del sol y el viento, unos 24.000 megavatios.

Nadie va a esperar al negacionista climático en jefe, y desde luego, este acuerdo no lo va a descarrilar la ignorancia de un solo hombre.
Tras cometer semejante fallo histórico, Trump me recuerda la famosa frase del Al Gore: “El liderazgo político es un recurso renovable”.

El candidato de Trump para la Corte Suprema y el caso del camionero congelado

Por Amy Goodman y Denis Moynihan

Las audiencias de confirmación del candidato de Donald Trump para la Corte Suprema, Neil Gorsuch, que realizó el Senado, quedaron en buena medida opacadas por las polémicas que se han sucedido en estos días, como los intentos del Partido Republicano por derogar la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio y las revelaciones de que el FBI estaría investigando posibles conexiones entre la campaña de Trump y el gobierno de Rusia. A eso debemos agregarle la decisión sin precedentes de la mayoría republicana el año pasado de negarse a llevar a cabo las audiencias de confirmación de Merrick Garland, el magistrado constitucionalmente nominado por Barack Obama para reemplazar al juez de la Corte Suprema Antonin Scalia tras su fallecimiento en febrero de 2016. La magnitud de una nominación para la Corte Suprema no se debe subestimar; conlleva un compromiso vitalicio con la justicia, de consecuencias trascendentales, en ocasiones de vida o muerte. Nadie lo entiende mejor que Alphonse Maddin.

En una noche helada de enero de 2009, Alphonse Maddin conducía un camión, contratado por la empresa TransAm Trucking de Kansas. Hace unos días, Maddin relató ante la prensa su dura experiencia:

“Estaba transportando un cargamento de carne por el estado de Illinois. Después de una parada para resolver una confusión en cuanto al lugar para cargar combustible, los frenos del tráiler se congelaron. Me puse en contacto con mi empleador, que coordinó que una unidad de reparación fuera hasta mi ubicación”. Esperando en el frío helado, Maddin se quedó dormido.

El transportista afroestadounidense continuó: “Me desperté tres horas más tarde y descubrí que no podía sentir mis pies, la piel me ardía y se estaba cuarteando, tenía dificultades para hablar y para respirar. La temperatura de esa noche era de unos 32 grados Celsius bajo cero. Tras informarle mi estado físico a mi empleador, me respondió simplemente que esperara allí. Mientras estaba allí sufriendo el frío físicamente, comencé a pensar que iba a morir. Mi estado físico empeoraba rápidamente. Decidí intentar desprender el tráiler del camión y conducir hasta un lugar seguro”. Madden hizo exactamente eso, y por tomar esa medida para salvar su vida resultó despedido.

Maddin presentó una demanda y el Departamento de Trabajo ordenó que fuera reincorporado a la empresa, con pago retroactivo. TransAm Trucking apeló y el caso fue analizado por el Tribunal Federal de Apelaciones del 10º Circuito. Entre los tres jueces del caso se encontraba Neil Gorsuch. El abogado laboral que representó a Maddin, Robert Fetter, recordó:

“Había cinco o seis casos para presentar en el tribunal esa mañana y nosotros éramos los últimos. El juez Gorsuch se mostraba neutral, incluso amable, a medida que se presentaban los casos. Cuando le llegó el turno al nuestro, se volvió notoriamente hostil. No fue campechano ni simpaticón”, dijo Fetter, comparando al Gorsuch de ese momento con el comportamiento del candidato en las audiencias de los pasados días. Fetter remató: “Era como el día y la noche”.

Maddin resumió el calvario y la batalla legal que tuvo que afrontar con estas palabras: “Inicié una demanda por mi despido de TransAm Trucking y lo gané. Fue una batalla de siete años. Siete jueces diferentes atendieron mi caso. Uno de esos jueces falló en mi contra. Ese juez es Neil Gorsuch”.

Como indicó Fetter, “a la comunidad empresarial le encantó el fallo”. ¿Cuál es la importancia de esto? En mayo de 2016, cuando Donald Trump era precandidato a presidente dio a conocer una lista de posibles candidatos para la Corte Suprema; Gorsuch no se encontraba en ella. El fallo de Gorsuch contra Maddin se produjo poco después, el 8 de agosto, y exaltaba en sus argumentos lo que Fetter llamó el “derecho legal a quedarse en el camión y morir congelado” de Maddin. A fines de septiembre, Trump, ya candidato republicano, publicó una segunda lista de nominados para la Corte Suprema que sí incluía a Gorsuch.

Elliot Mincberg, asesor principal de la organización People for the American Way, dijo en una entrevista para Democracy Now!: “[Gorsuch] hizo lo que hace en tantos casos, ponerse del lado de las corporaciones”.

Durante las audiencias de confirmación, el senador Al Franken, demócrata de Minnesota, cuestionó al juez Gorsuch: “Creo que todos aquí hubieran hecho exactamente lo que hizo [Alphonse Maddin]. Es ridículo afirmar que la empresa tiene derecho a despedirlo porque tomó una decisión para no morir congelado o causarle la muerte a otras personas al manejar un vehículo inseguro. Es ridículo”. Franken, que es un ex comediante, agregó: “Mi carrera estuvo basada en identificar el absurdo y sé cuándo estoy frente a él. Y eso me hace cuestionar su criterio”.

Neil Gorsuch se destaca, es cierto. Siete jueces atendieron el caso de Maddin. Seis de ellos apoyaron al transportista congelado. Las decisiones de la Corte Suprema no son teóricas; pueden tener un impacto en el mundo real, de vida o muerte. Reflejan nuestros valores colectivos. Neil Gorsuch emitió un voto frío y solitario en contra de un trabajador que luchaba por su vida. Eso debería tener mucho peso para los senadores que se encuentran considerando la designación de Gorsuch para ocupar un cargo vitalicio en el principal tribunal del país.

 

Política migratoria de Trump perjudicará al país

John Kelly, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dio a conocer dos memorandos que guiarán la implementación de la política migratoria delineada por Donald Trump. Conversamos con varios profesores acerca de las mismas.

Colaboración de la Universidad de Michigan

“Los memorandos recién  promulgados harán que nuestro sistema de adjudicación de inmigración sea menos preciso, nuestro sistema de detención de inmigrantes más peligroso, y todo nuestro sistema de inmigración arbitrario e inhumano”, dijo Margo Schlanger, profesora de derecho, quien es una autoridad en cuestiones de derechos civiles y sirvió como oficial de los derechos civiles y las libertades civiles en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. “Los detalles son chocantes: deportar a las personas en medio de los procedimientos, pedirles que participen por teléfono desde México. Acusar a los padres de un crimen sólo porque utilizan a traficantes para reunir a sus familias”.

Juan Cole, es un profesor de historia que estudia el cambio político con un enfoque en el Oriente Medio. Recientemente escribió en su blog Informed Comment que si los residentes indocumentados que no han cometido ningún otro delito temen ser detenidos a plena vista, este miedo pone en peligro a todos. “No es deseable que este gran segmento de la población evite obtener vacunas o que las mujeres maltratadas teman ir a las autoridades”, dijo. “Hacer que la gente sin papeles que cumplen la ley pasen a la clandestinidad plantea riesgos importantes para la salud para todos nosotros”.

Cole agregó que la convicción de Trump de que hay una crisis de inmigración indocumentada en los Estados Unidos en 2017 es completamente infundada. “Hubo una crisis en los  80 y 90, que resultó en unos 12,2 millones de residentes indocumentados para el año 2007. En la última década, el número se ha reducido en casi un millón y medio, a 10,9 millones. Esto es cierto a pesar de que el número de deportaciones cayó en el 2013 y 2014.

“Trump dice que hay 30 millones de residentes indocumentados de los EE.UU. y alega que 3 millones de ellos votaron en la elección presidencial. Estos son números imaginarios”, afirmó.

William López, un estudiante postdoctoral en la Escuela de Trabajo Social de la U-M es el co-autor de un estudio de salud de la comunidad de los latinos en el condado de Washtenaw, Michigan, que mostró el impacto de una redada de inmigración en la comunidad. “Deportar a los inmigrantes indocumentados a la escala alentada por el presidente Trump será devastador para las comunidades”, dijo López. “Todos los inmigrantes indocumentados están conectados a familias, comunidades y economías, y su eliminación por la fuerza es perjudicial para cada una de estas redes.

“Las investigaciones han demostrado que más agentes y una mayor colaboración entre las organizaciones gubernamentales federales y locales impulsarán a comunidades enteras a  evitar cualquier interacción con las autoridades gubernamentales de todo tipo. Esto significa que muchos evitarán los hospitales, llamar a la policía, incluso la circulación por las vías públicas o buscar asistencia alimentaria. No hay manera de que las comunidades puedan prosperar en medio de este nivel de vigilancia.

Ann Lin, profesora asociada en la Escuela Ford de Política Pública, dijo que el tema es preocupante desde un punto de vista económico. Aunque es cierto que la gente no tiene derecho a vivir en cualquier país, y que son los países los que tienen derecho a seleccionar a las personas que desean emigrar, también hay que considerar los hechos, dijo.

“Los Estados Unidos han seleccionado a las personas que están aquí ilegalmente al darles empleo. Las empresas estadounidenses están diciendo que necesitamos estos inmigrantes, ya sea si el gobierno federal está de acuerdo o no. La deportación de su fuerza laboral amenaza con enviar a estas empresas a la quiebra. La forma correcta de poner fin a la inmigración ilegal es encontrar formas legales para que las empresas contraten a las personas que necesitan para proporcionar bienes y servicios que permiten a los estadounidenses tener el alto nivel de vida que tienen”.

Sherrie Kossoudji es profesora asociada de trabajo social y de economía. Ha escrito numerosos artículos sobre la situación jurídica de los trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos y los incentivos para cruzar sin documentos la frontera. También ha escrito sobre las disparidades de riqueza de los inmigrantes y ha pasado muchos veranos con estudiantes en la frontera de Estados Unidos con México para estudiar el impacto de la política de inmigración sobre el terreno. Detalles de este trabajo se encuentra, en inglés, en su blog Contested Borders.

“La política inmigratoria debe ser el resultado de un proceso cuidadoso y meditado. Por el contrario, los memorandum de Seguridad Nacional esbozan una apresura en los procesos de deportación más draconianos que llenan de miedo nuestros corazones. El miedo está siendo utilizado para destruir la confianza de grupo, para alentar a la gente a reportar a aquellos que son arrestados y a asustar a la gente para que se autodeporte. La eliminación de las prioridades de deportación hace que las madres trabajadoras sean criminales. No es ni cuidadoso ni bien pensado el separar a los niños de los padres sólo porque podemos. La delegación del personal de policía local (convirtiéndolos en agentes de inmigración) a través de 287 (g) y la expeditación de la remoción del país escala la militarización de nuestra sociedad y borra el debido proceso. La expansión de la definición de delincuentes a ser deportados nos recuerdan de abusos humanos del pasado y sus consecuencias. La administración sugiere que la gente no entre en pánico. Pero debemos tener miedo, mucho miedo.”

En su estudio “¿Cuáles son las consecuencias de regularizar a los inmigrantes indocumentados?”, Kossoudji afirma que una política que no requiere contratos de trabajo con un empleador específico es más probable que aumente la movilidad laboral y ocupacional, lo que conduce a mayores salarios para los trabajadores regularizados.
“Como tal, los formuladores de políticas deben considerar una opción de política con pocas restricciones de empleo”, dijo. “Cuando se requieren condiciones de empleo, es probable que los efectos positivos de la regularización sobre los salarios se atenúen, ya que se cierran algunos caminos a los beneficios”.

Starbucks, Airbnb y Silicon Valley se oponen al veto migratorio de Trump

Por David García Maciejewski

Numerosas empresas se han posicionado en contra del veto migratorio del nuevo presidente de Estados Unidos y han tomado medidas para contrarrestarlo, entre ellas, unirse a la demanda en los tribunales contra la medida ejecutiva.

Starbucks ha anunciado que contratará a 10.000 refugiados durante los próximos cinco años en los 75 países en los que opera. Así lo ha indicado su director ejecutivo, Howard Schultz, en una carta dirigida a sus empleados, donde también se ha comprometido a hacer todo lo posible para ayudarles a “navegar en este periodo de confusión”. “No nos quedaremos impasibles ni en silencio mientras la incertidumbre en torno a las acciones de la nueva administración crece día tras día”, ha escrito. “Estamos viviendo una época sin precedentes donde asistimos a cómo el Sueño Americano ha sido puesto en entredicho”. También ha señalado que “construirá puentes, no murallas” con México, donde emplea a más de 7.000 personas en 600 tiendas distribuidas a lo largo de 60 ciudades.

Por su parte, Brian Chesky, cofundador y director de Airbnb, pidió en Twitter buscar “la manera de conectar a la gente, no de separarla”. Poco después anunció que la empresa de marketplace proveerá de alojamiento gratuito a los refugiados y a cualquiera que no sea admitido en Estados Unidos si cumple con los requisitos legales.

Google también se ha posicionado en contra del veto migratorio y ha anunciado que creará un fondo de 4 millones de dólares para apoyar a las organizaciones que velan por los derechos de los inmigrantes. La partida monetaria ayudará a financiar a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), al Immigrant Legal Resource Center, al Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y al Comité Internacional de Rescate (IRC).

Las compañías tecnológicas, que tienen un amplio número de empleados inmigrantes -algunos de los cuales proceden de los siete países vetados- se ven especialmente perjudicadas por la decisión del ejecutivo republicano.

Brad Smith, presidente de Microsoft, ha escrito, al igual que Schultz, una misiva a sus trabajadores comunicándoles que hay 76 empleados de la empresa afectados por el decreto. “Nuestra empresa os proveerá de apoyo legal y asistencia”, ha indicado Smith. “Microsoft defiende que las leyes migratorias pueden y deben proteger al público sin sacrificar su libertad de expresión ni su religión. Respetar esto es bueno para la gente, bueno para los negocios y bueno para la innovación”.

Mark Zuckerberg, creador de Facebook, también mostró su preocupación al recordar que Estados Unidos es “una nación de inmigrantes” y que él mismo tiene ascendencia austríaca, polaca y alemana, algo de lo que se siente orgulloso. “Debemos mantener las puertas abiertas a los refugiados que necesitan ayuda. Si hubiéramos los hubiéramos rechazado hace años, Priscilla (su mujer, de ascendencia china y vietnamita) no estaría hoy aquí”, ha publicado en un emotivo texto.

Tim Cook también ha dejado clara la posición de Apple: “Creemos en la importancia de la inmigración, tanto para el futuro de la compañía como para el de nuestra nación. Apple no existiría sin la inmigración, y no digamos la innovación que produce”. Al igual que Microsoft, la multinacional, antiguamente dirigida por Steve Jobs, cuya madre era una inmigrante siria, tiene a miembros de su plantilla afectados por la orden y va a “hacer todo lo posible para apoyarlos”. Cook ha terminado su mensaje citando a Martin Luther King: “podemos haber venido en barcos diferentes pero ahora estamos todos en el mismo”.

Ejecutivos de otras compañías también se han pronunciado en contra de las políticas anti-inmigración, entre ellos Reed Hastings, CEO de Netflix, y Jack Dorsey, de Twitter, quien condenó la medida y recordó que “el 11% de los inmigrantes de Siria en Estados Unidos son propietarios de negocios, más del triple que los empresarios nacidos en Estados Unidos”. También Ford Motor Company ha mostrado su rechazo y ha pedido promover los valores del “respeto y la inclusión”.

Además, la empresa de mensajería instantánea Viber anunció este lunes que ofrecerá llamadas gratuitas desde Estados Unidos a los siete países afectados por el veto. Hiroshi Mikitani, CEO de la multinacional japonesa Rakuten (propietaria de Viber), expresó en Twitter su tristeza ante la orden ejecutiva firmada por Trump: “Está mal, como seres humanos, discriminar uniformemente basándonos en la religión o la nacionalidad”.

 protestas-por-decreto-migratorio

SAN FRANCISCO (Estados Unidos).- Manifestantes protestan en contra de la prohibición de viajar a Estados Unidos de ciudadanos de siete países musulmanes, frente a la Corte del Noveno Circuito de Apelación. El panel de apelaciones de tres jueces del tribunal determinará el destino del decreto. En todo caso es posible que termine en manos de la Corte de Justicia, porque el perdedor apelará el fallo ante el máximo órgano judicial del país. EFE/JOHN G. MABANGLO.

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