Los «dreamers» (soñadores), beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) a Estados Unidos, llevaron al Congreso su exigencia de una solución bipartidista que les ofrezca garantías antes que acabe el año.
El control del Congreso en Estados Unidos continúa pendiente y es posible que así sea durante los próximos días, tras unas elecciones de medio mandato muy ajustadas en las que el Partido Demócrata no ha tenido resultados tan malos como los previstos, ni ha arrasado la ola republicana que esperaban los conservadores.
Los centros electorales en Estados Unidos comenzaron a abrir sus puertas con normalidad este martes en unas elecciones en la que los estadounidenses están llamados para renovar gran parte del Congreso, elegir a los gobernadores de algunos estados y otros cargos.
Una coalición de grupos proinmigrantes lanzó una campaña en favor de un proyecto de inmigración que beneficiaría a unos ocho millones de inmigrantes, según los activistas, al actualizar el criterio de elegibilidad para obtener la residencia permanente incluído en una norma migratoria existente desde 1929.
Congresistas demócratas presentaron un proyecto de ley que beneficiaría a unos ocho millones de inmigrantes indocumentados, según organizaciones proinmigrantes, al actualizar la fecha de elegibilidad de una norma migratoria existente desde 1929. La medida, que establece un mínimo de siete años de presencia en el país como criterio de elegibilidad, ofrece un estatus permanente para inmigrantes y por ende un camino a la ciudadanía.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pedirá al Congreso que suspenda durante tres meses los impuestos federales a la gasolina y al diésel, en un intento por rebajar el alto precio de los carburantes, que a principios de mes alcanzó un récord histórico.
«Soñadores» y activistas instaron este miércoles al Congreso a aprobar una solución permanente para los cientos de miles de migrantes amparados, de forma temporal, por el programa migratorio DACA que hoy cumple diez años.
Un grupo de senadores de Estados Unidos anunciaron un principio de acuerdo para aumentar el control sobre las armas de fuego en el país, que propone medidas de mínimos después de los tiroteos masivos en un supermercado de Buffalo (Nueva York) y en una escuela de Uvalde (Texas).
