La masacre ocurrida el fin de semana en una comunidad del puerto turístico de Ensenada, en el estado mexicano de Baja California, donde 10 personas fueron acribilladas con armas de fuego y otras 10 resultaron heridas, encendió la alarma en esta región por su grado de violencia.
Hay una justificada alarma en la sociedad. Empresarios, fuerzas de seguridad y los propios ciudadanos condenaron estos hechos violentos y de forma enérgica pidieron a las autoridades federales y estatales garantizar la seguridad y que se esclarezcan estos hechos que han consternado a la población
Mientras se llevaba a cabo la quinta edición del denominado «Cachanillazo», un evento de carreras con vehículos todoterreno, personas fuertemente armadas atacaron a balazos a las personas que participaban en este evento.
Los hechos ocurrieron en el kilómetro 90 de la carretera Transpeninsular, a la altura del poblado de San Vicente.
El fiscal general de Baja California, Iván Carpio Sánchez, indicó en rueda de prensa que se trató de un ataque directo que involucró a dos grupos de dlincuentes antagónicos, el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel Arellano Félix (CAF).
«El objetivo directo sería en contra de Alonso Arámbula Piña, cuyo apodo en vida fue «El Sonris», de 35 años, quien servía a una persona de apodo «El Trébol», líder dedicado al trasiego de drogas en la región, evento acontecido en históricas rivalidades», afirmó el fiscal.
Sobre los hechos, Roberto Quijano Sosa, presidente del Consejo Ciudadano del Estado de Baja California, declaró a los medios que «ante la violencia imparable que estamos viviendo, es tiempo de aceptar que la estrategia en materia de seguridad no está funcionando» y exigió a las autoridades a dar resultados sobre la imperante violencia en el estado.
«Vivir con miedo de ser la próxima víctima no es una opción. Exigimos a nuestras autoridades una verdadera y efectiva coordinación más allá del discurso para dar los resultados que necesitamos; requerimos una disminución real de la incidencia delictiva y cero impunidad ante los hechos violentos registrados», recalcó.
En tanto, Julián Palombo Saucedo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Tijuana, resaltó que esa violencia no solamente ponen en alarma y «en alerta roja» a la ciudadanía, sino también a los más de 60.000 negocios representados por dicha cámara.
«Desafortunadamente, esta historia ya la vivimos en años anteriores. Tristemente, cada vez aumentan su nivel (de violencia) corremos un alto riesgo de que se vuelva a repetir el éxodo de empresarios», manifestó.
El dirigente dijo que además «a los empresarios les preocupa que Tijuana y Baja California dejen de ser atractivos para la inversión extranjera» por lo que solicitó a las autoridades «una verdadera coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal para recuperar la paz».
Arribaron 500 agentes del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional a Tijuana, quienes de acuerdo con autoridades, reforzarán la seguridad en esta ciudad fronteriza y en otros municipios de la región, considerando que esta ciudad es la más violenta del estado.
A propósito, Quijano Sosa manifestó que la llegada de más agentes de estas corporaciones a Baja California «no es la solución, en tanto las autoridades no trabajen de forma coordinada e implementen un plan emergente para combatir de frente a la delincuencia».